El artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Este derecho se ha hecho efectivo en España con la aprobación de la ley 8/21 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.